Causa Vialidad: fiscal pide decomisar el departamento donde Cristina está detenida

Un giro más en la causa Vialidad: el fiscal Diego Luciani acaba de pedir que el Estado se quede con el departamento donde Cristina Kirchner está bajo arresto domiciliario. Estamos hablando del piso ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución. Para entender de qué va esto, hay que recordar que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en una causa que investiga el manejo de obras públicas en Santa Cruz. Como la Corte Suprema confirmó la sentencia, ahora está cumpliendo su condena en casa, y al parecer ese inmueble es uno de los bienes que la fiscalía quiere que pase a manos del Estado para resarcir el daño que según la Justicia se le causó al país. El monto que supuestamente hay que recuperar rondaría los 685 mil millones de pesos, así que no es cualquier cosa. El fiscal argumenta que estos bienes estarían vinculados al esquema fraudulento investigado, por eso deberían ser incorporados al decomiso.

Pero la movida de Luciani es mucho más ambiciosa que solo quedarse con el departamento donde está detenida Cristina. El fiscal presentó un listado bastante extenso que incluye 141 inmuebles (13 ligados directamente a la familia Kirchner y 128 vinculados al empresario Lázaro Báez), 46 vehículos, casi cinco millones de dólares en cajas de seguridad y depósitos bancarios a nombre de Florencia Kirchner, y algunas sumas en pesos. Esto forma parte de lo que llaman la "segunda tanda" de decomisos, un segundo paquete de bienes que quieren asegurar después del primer lote que ya alcanzó más de cien propiedades. Entre los activos más conocidos están el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, un chalet en la costanera de Río Gallegos y varias propiedades en Santa Cruz. Es decir, bienes bastante emblemáticos que todo el mundo conoce.

Lo interesante del asunto es que Luciani sostiene que los condenados fueron notificados judicialmente para que devuelvan la pasta, pero "ni un solo peso" depositaron, lo que según él justifica que el Estado ejecute directamente sus bienes. El fiscal también argumentó que las fortunas que encontraron son totalmente desproporcionadas comparadas con los ingresos que declaraban estos tipos, lo cual es bastante sospechoso. Ahora todo queda en manos del Tribunal Oral Federal número 2, que tiene que decidir si acepta o no esta segunda oleada de decomisos. Mientras tanto, los abogados de Cristina y sus hijos no se quedan de brazos cruzados: siguen intentando frenar todo esto con recursos legales que podrían terminar en la Corte Suprema. El tema está bien caliente porque además de las decisiones que tome el tribunal, la Corte Suprema finalmente va a tener que definir qué pasa con los bienes decomisados, si los administra el Estado, si los vende o si van a alguna institución. Lo que está claro es que la estrategia judicial se está endureciendo bastante para tratar de hacer efectiva la recuperación de activos en esta causa que ya lleva años.