Redacción Central
La vicepresidenta Victoria Vilarruel firmó este lunes la Disposición de Presidencia N° 66/2026 para autorizar a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti a participar con voz y voto en las sesiones del Senado de forma remota, mientras dure su restricción médica o hasta que arranque su licencia por maternidad, lo que pase primero.
La senadora mendocina, que cursa 32 semanas de embarazo de riesgo, pidió la medida porque su médico le contraindicó expresamente viajar desde Mendoza a Buenos Aires. La resolución aclara que no se trata de una licencia: Fernández Sagasti no quiere dejar de ejercer su mandato, sino seguir haciéndolo por otro medio.
Para bancar jurídicamente la movida, Vilarruel se apoyó en el antecedente de las sesiones virtuales de 2020, que la propia Cristina Kirchner habilitó como presidenta del Senado durante la pandemia. También citó un fallo de la Corte Suprema que dejó claro que ninguna cláusula constitucional prohíbe sesionar de forma remota.
Ojo que el decreto no necesita sumarse al temario de ninguna sesión para tratarse: como hace a la organización interna del cuerpo, se discute y listo. La mayoría necesaria para aprobarlo es mitad más uno, igual que en 2020.
La autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y el texto aclara varias veces que no modifica el reglamento ni sienta precedente automático para otros casos. El voto remoto se computaría igual que el presencial a los fines del quórum y las votaciones.
El decreto se dicta ad referéndum del propio Senado, o sea que el cuerpo deberá ratificarlo. Ahí viene la parte picante: desde sectores del oficialismo ya cayó mal la medida, y el debate sobre si es legal o una maniobra política se instaló de una en la agenda.
No es la primera vez que el Senado se enfrenta a esta discusión. En 2020, las sesiones virtuales también generaron rispideces, pero terminaron funcionando. Ahora la historia se repite, aunque en un contexto político bastante más caliente.
