El Gobierno mete mano y amplía el plan para que las empresas cancelen lo que le deben por obras viales

Mirá, salió una resolución nueva del Gobierno que le da más alcance al plan que crearon para que las empresas cancelen lo que deben por trabajos de obra pública. Específicamente, ahora incluye todas esas deudas que hay por el mantenimiento de las rutas nacionales, cosa que antes no estaba tan clara. La movida salió oficial el viernes en el Boletín Oficial y básicamente abre el juego para más contratistas.

En concreto, lo que hicieron fue meter en el régimen simplificado esas deudas por compra de materiales y servicios que se usan para mantener, conservar, operar y cuidar toda la Red Vial Nacional. O sea, todo lo que tiene que ver con que las rutas no se caigan a pedazos. Esto solo aplica para las contrataciones que hizo la Dirección Nacional de Vialidad bajo esos decretos viejos de contratación estatal. Y vale para cualquier deuda que se haya generado entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

La idea de fondo es clarificar las cosas porque había ambigüedad. La Secretaría de Coordinación de Infraestructura sacó esta resolución para que no haya más quilombo legal y para que los acuerdos entre el Estado y las empresas tengan piso firme legalmente hablando.

Acá viene lo jugoso: antes, si una empresa quería entrar al plan, tenía que firmar un papelito donde básicamente renunciaba a reclamar cualquier cosa relacionada con ese contrato. Ahora lo dejaron más claro: la renuncia solo vale para esos reclamos y créditos que surgieron entre 2022 y 2025, no para cualquier cosa de siempre. Eso le da más seguridad jurídica a todos.