Resulta que allá por 1853, cuando se armó la Constitución Argentina en el litoral del país, los convencionales fueron bastante visionarios y dijeron: "Che, cuando crezca la población, vamos a tener que agregar más diputados". Básicamente, la idea era que la cantidad de representantes se fuera ajustando según los censos nacionales. Además, decidieron que la elección de presidente, vicepresidente y senadores fuera directa, y que hubiera un tercer senador para la minoría. Suena lógico, ¿no?
El quilombo empieza acá: existe una ley de la época de la dictadura (la Ley 22.847) que dice que cada provincia tiene que tener mínimo cinco diputados nacionales, sin importar la población. Después dice que por cada 161.000 habitantes se agrega un diputado más, pero si no llega a 80.500 personas en la fracción, no cuenta. Además, cada provincia mantiene los diputados que tenía en 1976. Básicamente es un revoltijo de reglas que no funcionan.
La Constitución también tiene su propia regla en el artículo 45, pero nadie termina de entender cómo se supone que tiene que funcionar todo esto junto. Es como si tuvieras tres videojuegos diferentes con reglas que se contradicen entre sí.
Al final, el resultado es que hay provincias que tienen más representantes de los que deberían según su población, y otras que tienen menos. Es un sistema que quedó atrás hace años, pero cambiar esto requiere una reforma constitucional y, bueno, ya sabemos cómo termina eso en Argentina.
