Redacción Central
La Legislatura de Chubut le dio luz verde a la prórroga de la exención del Impuesto Inmobiliario para establecimientos ganaderos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales. La ley, aprobada por amplia mayoría, extiende durante todo 2026 un beneficio que ya había regido en 2025 y que el gobierno de Nacho Torres impulsó de nuevo como señal al sector.
El gobernador no tardó en aparecer. Torres celebró la sanción y la enmarcó como una victoria del diálogo por encima de las diferencias políticas: "Cuando ponemos los intereses de los chubutenses por encima de cualquier diferencia, las cosas suceden y podemos lograr avances importantes para proteger nuestra economía".
No quedó ahí. El mandatario fue directo sobre el vínculo con el campo: "Es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros productores y de un compromiso asumido no solo para aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también para ratificar que somos una provincia que acompaña a quienes trabajan todos los días nuestra tierra y nuestros recursos".
La lectura política de Torres es clara, y tiene lógica: en un año económico que no la está rompiendo para nadie, darle previsibilidad al productor ganadero es apostar a que el campo no frene. "Fortalecer a nuestros productores ganaderos es, en definitiva, fortalecer la economía de Chubut: dar previsibilidad, cuidar el trabajo y acompañar al campo en un momento económico complejo, con una visión de desarrollo para cada rincón de nuestra provincia", cerró el gobernador.
¿A quiénes les llega este beneficio? A los inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera y sus actividades conexas, siempre que acrediten su carácter productivo según la reglamentación vigente. No es para cualquiera: hay que demostrar que el campo efectivamente produce.
Ojo que la ley también contempla una situación concreta: los productores que ya pagaron el impuesto antes de que entrara en vigor la exención no pierden esa plata. Esos montos se computan como pagos a cuenta del Impuesto Inmobiliario de 2027, y si queda saldo a favor, se puede aplicar a períodos fiscales siguientes. Un detalle que no es menor y que muestra que la norma fue pensada con cierto cuidado técnico.
Además, la ley prorroga los vencimientos correspondientes a los períodos fiscales 2023 y 2024 para los establecimientos incluidos. La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) será la encargada de aplicar todo esto.
El argumento de fondo que maneja el gobierno chubutense es sólido: el sector ganadero en la Patagonia opera en condiciones estructuralmente difíciles, con campos extensos, baja densidad productiva y costos de logística que no se ven en otras regiones. Sumarle presión impositiva en ese contexto es básicamente pedirle a alguien que corra con peso extra en una carrera cuesta arriba. Sacarle ese peso, aunque sea por un año, no resuelve todo, pero da oxígeno.
La renovación del beneficio por segundo año consecutivo también manda un mensaje de consistencia: no fue un gesto electoral puntual sino una política que se sostiene. En un país donde las reglas cambian seguido, eso vale.
