Básicamente pasó esto: había un juicio civil contra Cristina y otros que se inició durante el gobierno de Fernández, pero Vialidad Nacional le bajó el pulgar y dejó caer todo. Cuando una causa se muere así sin que nadie siga impulsándola, los jueces dicen que caduca y listo, se termina el tema.
Ahora que el juicio quedó en la nada, los abogados que laburaron defendiendo a la ex presidenta y a los otros acusados dijeron "che, nosotros también trabajamos, ¿y nuestros honorarios?" La Justicia se puso a calcular cuánta guita le debe el Estado por todo el quilombo y llegó a la conclusión de que son casi 10 millones de dólares.
Pero acá viene lo complicado: Vialidad Nacional no está de acuerdo y metió un recurso en la Corte Suprema para tratar de revertir todo esto. Mientras tanto, los abogados de Cristina andan medio al pedo esperando que la Corte defina si confirma que el Estado dejó caer el juicio o si revierte la decisión.
Los letrados de la exmandataria se cansaron de esperar y hace poco le escribieron a la Corte diciendo que básicamente les están negando justicia. Así que ahora el máximo tribunal tiene que decidir si liquida de una vez los honorarios o si sigue todo en el limbo.
