Redacción CentralLa Dirección Nacional de Vialidad detectó que la concesionaria Rutas Sur Atlántico estaba cobrando tarifas más altas que las autorizadas en el peaje Riccheri y actuó de inmediato. La multa que le cayó encima fue de $73.847.000, equivalente a 50.000 unidades de penalización.
El incumplimiento fue calificado como grave. La empresa tiene cinco días corridos desde la notificación para pagar, sin vuelta atrás.
La concesionaria intentó correrse de la responsabilidad: dijo que los cobros incorrectos fueron por una falla de su proveedor tecnológico. Pero el contrato es claro en ese punto y no le dio margen. Rutas Sur Atlántico también responde por lo que hacen sus proveedores y subcontratistas, sin excepción.
Ojo que tampoco alcanza con devolver la plata. Aunque los importes cobrados de más sean reintegrados a los usuarios, eso no la exime de la sanción. Las dos cosas van por carriles separados.
El episodio deja en evidencia algo que a veces se pierde en el debate sobre las concesiones: que el Estado no desaparece cuando privatiza un servicio. Vialidad sigue controlando el cumplimiento del contrato y, cuando una empresa perjudica a los usuarios, la multa aparece.
Bah, en la práctica no siempre fue así, y ese historial pesa. Pero en este caso el organismo actuó rápido y con la herramienta que tiene: la penalización económica.
Lo que queda por ver es si Rutas Sur Atlántico paga en término, qué pasa con las devoluciones a los usuarios y si el proveedor tecnológico termina siendo responsabilizado por la concesionaria en algún ámbito interno. Por ahora, la pelota la tiene la empresa.
