Diputados armaron un quilombo de 80 páginas por el gasoducto que se fue al tacho

Los diputados de la oposición volvieron a meter presión con la denuncia penal por el gasoducto Lavalle-Catamarca, esa obra que se suponía iba a llevar gas a más de 120 mil personas pero terminó en la nada. El expediente le vuelve a caer encima al gobernador Raúl Jalil y su administración, especialmente por cómo se manejaron la construcción, la cancelación del contrato y el arreglo que hicieron después con los contratistas.

Los legisladores Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero del bloque Generar presentaron este miércoles un documento de 80 páginas donde metieron todo: 30 de acusación y 50 de pruebas y documentos. Básicamente buscan que se sepa qué pasó con la guita, cómo quedaron los materiales y por qué tomaron las decisiones que tomaron después de que todo se paralizara.

Obvio que es una acusación de la oposición y no una condena ni nada definitivo, pero el tema tiene peso porque el propio gobierno reconoce que rescindieron el contrato, que la obra avanzó poco y nada en comparación a lo que tenía que avanzar, y después cerraron un acuerdo con la empresa MEGA SRL. El contrato se firmó el 28 de septiembre de 2022 con dos años de plazo, pero para mayo de 2023 cuando tenían que estar al 34 por ciento, apenas llevaban el 3,90 por ciento de avance.