Hace poco más de una semana, la jueza Marta Pascual de Lomas de Zamora tiró un freno a la ley que baja la edad para imputar a los pibes de 16 a 14 años. La decisión le generó quilombo porque ya le llegaron tres pedidos para destituirla por "no hacer bien su laburo".
Los que la denunciaron fueron Manuel Passaglia (un diputado de Hechos), Guillermo Montenegro (senador del PRO) y Alfredo Drocchi, un abogado bonaerense. Todos presentaron sus escritos en el Senado provincial pidiendo que la echen.
Lo que hizo la jueza fue pausar por 60 días la aplicación de la ley penal juvenil en toda la provincia de Buenos Aires. Pero además metió otra: programó una audiencia para el 16 de septiembre donde le va a exigir a los funcionarios de Seguridad, Justicia y Niñez que expliquen qué onda con las medidas que van a implementar.
La ley que generó todo este bardo se aprobó en febrero de este año. Básicamente lo que hace es bajar la imputabilidad de 16 a 14 años y tenía un período de transición de 180 días antes de entrar en vigor. Pero la jueza decidió frenarlo en seco.
