El Gobierno metió mano y aprobó un plan de acción para pasarle las obras que están en curso en barrios populares a provincias o municipios, todo esto porque un juez frenó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana. La movida se oficializó este miércoles a través de la Resolución 209/2026 que salió en el Boletín Oficial, y básicamente significa que ahora los gobiernos locales tienen que bancar la obra completa con sus propios recursos.
El plan que salió aprobado dice que se van a seguir ejecutando las obras que ya están en marcha, pero solo si hay guita disponible en el presupuesto de cada provincia o municipio. Lo importante es que todo esto va a necesitar que se coordinen bien con las provincias, la Ciudad y los municipios, sin improvisaciones.
Si aparecen quilombos por parte del que ejecuta la obra o la empresa contratista, van a revisar si se arreglaron los problemas. Si los errores persisten, el Gobierno va a intentar recuperar la plata que invirtió y puede rescindir el acuerdo. Lo que buscan es que las provincias o municipios se animen a seguir con la obra sin que el Estado nacional les mande más guita.
En caso de que los gobiernos locales digan que no pueden o que no quieren hacerse cargo del costo, la decisión de si continúa la obra con fondos nacionales va a ser muy estricta y necesita estar bien justificada.
