Básicamente pasó esto: dos diputados, Pichetto y Massot, pidieron que un juez frenara en seco la derogación de la Ley de Tierras mientras se resolvía el tema en la Justicia. Pero el juez Enrique Alonso Regueira les dijo que no, porque consideró que no había razones lo suficientemente graves y urgentes como para hacer lugar a esa medida cautelar.
El tema es que estos diputados querían evitar que mientras se arreglaba todo en los tribunales, se consolidaran ventas de terrenos que después sería imposible revertir sin joder a terceros. O sea, intentaban comprar tiempo para que no se hiciera un quilombo.
Acá viene lo interesante: todo esto salió después de que la Corte Suprema se mandara un giro inesperado. Habían revocado un fallo anterior de la Cámara Federal de La Plata que había dicho que la derogación de la Ley de Tierras era inconstitucional. La Corte básicamente tiró por tierra eso y argumentó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas no tenía legitimidad para mover la demanda.
Total, que por ahora sigue adelante la posibilidad de vender tierras a extranjeros sin restricciones. Los diputados querían frenar esto pero no les salió. El gobernador de Misiones está viendo si va a la Justicia para intentar algo similar.
