El juez Santiago Bignone rechazó un hábeas corpus colectivo, que es un recurso legal para proteger la libertad o las condiciones de detención. Este reclamo lo presentó la Procuración Penitenciaria a favor de 326 personas presas que fueron trasladadas del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII en Marcos Paz. El fiscal Pablo Recchini también apoyó el rechazo, diciendo que aunque hubo algunos problemas con las notificaciones, no había un empeoramiento real de las condiciones de detención.
El principal problema que denunciaron los que reclamaron era que los traslados se hicieron sin avisar con anticipación a los abogados defensores ni a los juzgados. También plantearon preocupación porque muchos detenidos estaban estudiando en un programa universitario en el penal de Devoto y temían que esos estudios se interrumpieran. Además, señalaron que algunos presos con salidas transitorias autorizadas podrían perder ese derecho al cambiar de establecimiento.
El juez consideró que no había prueba suficiente de que los traslados hubieran ocasionado un daño concreto a la integridad física de los detenidos ni que pusiera en riesgo sus vínculos familiares o sus derechos. Aunque reconoció que faltó notificar adecuadamente en algunos casos, dijo que eso por sí solo no probaba que todo el procedimiento fuera ilegítimo. Sobre los estudios universitarios, el magistrado señaló que se habían previsto mecanismos para que los estudiantes continuaran sus carreras en forma híbrida desde el nuevo complejo y desde Ezeiza.
Hubo un caso particular con Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez, detenido desde 1996 e imputado por varios homicidios, quien tenía un régimen especial de aislamiento por medidas de seguridad muy estrictas. Su defensa presentó un reclamo individual para que permaneciera en Devoto, pero durante una audiencia el juez ordenó que se lo reintegrara allá, así que el reclamo quedó sin efecto, ya que cesó el motivo del reclamo.
También estaba Ricardo Castro Madrid, integrante de la denominada "Banda del Fal" e investigado por varios delitos, quien tenía salidas transitorias autorizadas. Su defensa cuestionó el traslado porque estaba en un régimen de autodisciplina en Devoto, pero el juez consideró que esa cuestión podía ser examinada por el juzgado de ejecución correspondiente sin necesidad de recurrir al hábeas corpus.
El cierre de Devoto forma parte de un proceso de reorganización penitenciaria federal que comenzó en 2018 y que incluyó la construcción del nuevo complejo en Marcos Paz. El juez reconoció que las autoridades deben cumplir las normas aplicables y resguardar los derechos de los detenidos, pero entendió que la finalidad administrativa del cierre justificaba los traslados sin que hubiera un agravamiento ilegítimo de las condiciones.
La decisión del juez significa que el reclamo colectivo fue rechazado, pero dejó abierta la puerta para que si en el futuro se comprueban afectaciones concretas durante los traslados, las autoridades competentes puedan intervenir. El magistrado aclaró que la resolución no impide que se reclamen derechos específicos si surgen situaciones puntuales que verifiquen un daño real a los detenidos.
