El gobierno de Claudio Poggi se comió un palo judicial importante. La Cámara de Apelaciones de San Luis confirmó que dos magistradas sufrieron un deterioro importante en sus salarios y le ordenó al estado que les pague una reparación. El fallo se dictó el 16 de octubre pero se conoció públicamente recién el lunes 19.
Los jueces analizaron todos los recibos de sueldo, vieron cómo subió el costo de vida y otros datos de la causa. Llegaron a la conclusión de que las dos juezas pasaron por un deterioro constante de sus ingresos que violó una protección que tiene la Constitución para garantizar la independencia del Poder Judicial.
La demanda ya había ganado en primera instancia, pero tanto las demandantes como la Fiscalía del Estado apelaron la sentencia. La Cámara cambió parcialmente la decisión anterior: extendió el reconocimiento de daños desde noviembre hasta febrero de 2024, pero dejó afuera a las tres secretarias judiciales que también habían reclamado. La defensa provincial intentó argumentar que no había presupuesto y recursos limitados, pero los jueces dijeron que eso no alcanza para ignorar una garantía que está en la Constitución.
El tema es que cuando te reducen el sueldo sin causa, eso pone en riesgo la independencia de los jueces. Por eso la Constitución protege específicamente los salarios de los magistrados y que nadie pueda tocarlos de forma arbitraria.
