En estos 17 años, los tribunales argentinos dictaron 430 sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación sexual. Eso significa que 852 personas fueron condenadas por este delito, la mayoría varones (casi 62%). Estos datos los sacó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que es el área especializada del Ministerio Público Fiscal que sigue estos casos. Las cifras incluyen 21 condenas en 2025 y 8 en lo que va de 2026.
En esas 430 sentencias se identificaron 1.856 víctimas. De ellas, 695 eran argentinas, 450 extranjeras, y en 711 casos no quedó registrada la nacionalidad. Esto te da una idea de la escala del problema: no estamos hablando de casos aislados, sino de una red de explotación que toca a cientos de personas.
Lo que cambió en los últimos años es cómo funciona la explotación. Las formas viejas no desaparecieron, pero ahora se sumaron Instagram, WhatsApp, plataformas de contenidos y otras herramientas digitales. Los depredadores usan internet desde el primer contacto con la víctima, para controlarla, producir contenido sexual y venderlo. El tema es que muchas veces los mundos físico y digital se mezclan, así que investigar es mucho más complicado.
En abril de 2025 hubo la primera condena en Argentina por trata usando solo medios digitales. El tribunal reconoció que internet facilita el anonimato, permite explotación sin trasladar a las víctimas y supera las fronteras geográficas. Un caso concreto: en Rosario, jóvenes eran contactadas por Instagram con promesas de dinero para hacer videos sexuales. Presuntamente les decían que solo circularían en el exterior, pero después vendían ese contenido en plataformas globales. Se identificaron al menos 14 mujeres captadas así.
La evidencia en estos casos está esparcida por internet: perfiles, mensajes, videos, registros de conexión, movimientos de dinero. El problema es que hay un montón de información digital, las comunicaciones están cifradas, la gente usa identidades falsas y las tecnologías cambian constantemente. Además, muchos datos están en servidores de empresas privadas en otros países, así que acceder es difícil.
Las investigaciones se vuelven internacionales rápido. Una víctima puede estar en Argentina, la plataforma donde se vende el contenido en otro país y la información que necesitan los fiscales en un tercero. Eso requiere cooperación entre países y convenios con las empresas de tecnología para que compartan información.
Hay otro problema que la PROTEX subraya: las consecuencias para las víctimas no terminan cuando termina la explotación. Una vez que un video o foto entra a internet, se copia, se guarda y se resharea. La víctima pierde el control y ese contenido sigue circulando para siempre. Por eso es importante desarrollar herramientas para protegerlas y repararlas después.
Los fiscales también destacan que hay que investigar quién gana dinero, cómo circula la plata, qué se compra con eso. Seguir el dinero ayuda a entender cómo funciona la organización criminal y, además, puede servir para reparar a las víctimas recuperando bienes.
