
La justicia confirmó que los traslados de presos de Devoto a Marcos Paz fueron legales
Redacción Central
La Cámara Nacional de Casación Penal (el tribunal superior que revisa decisiones de otros juzgados) confirmó que fue correcto rechazar un reclamo legal que presentaron a favor de 326 personas detenidas. Esas personas estaban en el penal de Devoto y fueron trasladadas al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Los jueces Gustavo Bruzzone y Daniel Morin dijeron que el reclamo no tenía fundamentos válidos y que solo mostraba desacuerdo con lo que habían decidido los jueces anteriores.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (organismo que defiende a los detenidos) había presentado un habeas corpus colectivo, que es un mecanismo legal para proteger derechos cuando hay una situación que afecta a varias personas a la vez. El reclamo cuestionaba que no se hubiera avisado previamente a los abogados y a los juzgados sobre a dónde iban a trasladar a los presos.
También argumentaban que los traslados podían interrumpir los estudios universitarios que algunos detenidos estaban cursando en un programa de la UBA dentro de la cárcel, y que afectaría a quienes tenían salidas transitorias autorizadas (permisos para salir temporalmente). El fiscal Pablo Recchini, que representa a la acusación, opinó que el traslado no fue irregular y que aunque no se cumplieron algunos plazos de notificación por razones de seguridad, eso no significaba que empeoraran las condiciones de detención.
El juez Santiago Bignone rechazó inicialmente el reclamo porque consideró que no había pruebas de que el cambio de cárcel realmente lesionara derechos de los detenidos o que generara un riesgo cierto e inmediato de daño. Después, la Cámara de Apelaciones confirmó esa decisión el 16 de octubre, aunque estableció algunas medidas de control para que se respeten las reglas sobre cómo comunicar los traslados.
La decisión final de la Cámara de Casación indicó que los problemas mencionados —como visitas familiares, tratamientos médicos, salidas transitorias y educación— son distintos en cada caso y dependen de la situación particular de cada persona. Por eso, según los jueces, no se puede hacer un reclamo colectivo sobre eso, sino que cada situación debe analizarse de manera individual si surge algún problema concreto en el futuro.


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