En septiembre pasado, la justicia amplió las acusaciones contra 13 investigados que integran una organización dedicada al tráfico de cocaína en Rosario y alrededores. El grupo había sido desarticulado hace casi un año, en noviembre de 2025, cuando la policía secuestró 53 kilos de cocaína, más de 51 millones de pesos, armas y 17 vehículos. Ahora los fiscales les atribuyen además el delito de lavado de activos, que significa intentar meter dinero sucio en el sistema financiero legal para que parezca limpio.
Los investigadores analizaron el patrimonio de los acusados y descubrieron que compraron departamentos, lotes en urbanizaciones de Alvear, una propiedad en Pinamar y varios vehículos de alta gama sin que tuvieran trabajos que justificaran esa plata. Según la fiscalía, estas operaciones eran coordinadas y organizadas desde al menos 2024 para disimular la procedencia de los fondos del narcotráfico.
El juez ordenó congelar bienes por 1.800 millones de pesos a la espera de que se resuelva la causa. También secuestró cuatro vehículos: un BMW Z4, un Renault Clio, un DS Crossback y un UTV. La medida de embargo preventivo significa que esos bienes quedan en poder de la justicia hasta que haya sentencia firme, y probablemente sean decomisados, o sea, confiscados definitivamente por el Estado.
De los 13 acusados, seis están en libertad pero con restricciones: no pueden salir de Santa Fe sin permiso, tienen que presentarse cada mes ante la justicia y prometieron no obstaculizar la investigación. El resto sigue detenido con prisión preventiva, que es una medida para asegurar que no se fuguen mientras avanza la causa. La prisión preventiva no significa condena, sino que están en cárcel durante la investigación.
Los fiscales encontraron evidencia en celulares, registros financieros y trabajos de inteligencia que vinculan a cada uno de los acusados con estos movimientos de dinero. También secuestraron boletos de compraventa de propiedades y documentación que prueba quién usaba cada vehículo. La próxima etapa será que se lleve adelante el juicio oral para que un tribunal defina si son culpables del delito de lavado de activos agravado por su carácter organizado y habitual.
