Los académicos consideraron que había que meter en la conversación a todas las jurisdicciones que conforman la división político-administrativa del país, ya que todas tienen cosas en común aunque actúen en diferentes escalas. Dijeron que definir bien dónde termina una jurisdicción y empieza otra tiene un impacto importante para cada una de ellas, lo que permite que los gobiernos locales gestionen mejor sus territorios.
El territorio nacional está dividido en veinticuatro jurisdicciones principales: las veintitrés provincias más la Ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal y tiene un estatus especial. La capital se divide en quince comunas y vive allí aproximadamente tres millones de personas.
Dentro de las provincias hay más de quinientos partidos o departamentos, casi mil municipios de diferentes categorías (excepto en Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y San Juan donde funcionan diferente) y más de mil formas locales de administración como comunas, delegaciones municipales y comisiones de fomento.
Los límites de todas estas divisiones, que son la base para que funcione el Estado, se establecieron teniendo en cuenta elementos geográficos, razones históricas y cuestiones sociopolíticas. Con el tiempo estos límites fueron cambiando según las necesidades y los contextos.
