Siete acusados de armar una red de droga en el sur de Santa Fe

El 11 de septiembre pasado, los fiscales federales formalizaron las acusaciones contra siete personas investigadas por armar una red de distribución de drogas. Cuatro de los acusados son hermanas, y la fiscalía señala a una de ellas como líder de la estructura criminal. Lo particular del caso es que recibía órdenes desde la cárcel de Ezeiza de parte de un hombre condenado por narcotráfico.

La organización operaba en varias localidades del sur de la provincia de Santa Fe como Rosario, Funes, Roldán, Ybarlucea y Granadero Baigorria, con conexiones también en Junín, provincia de Buenos Aires. Según la investigación, la banda funcionaba desde al menos el 3 de mayo de 2024 y tenía una división clara de tareas para manejar la logística del negocio ilícito.

El 9 de septiembre, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 29 allanamientos simultáneos en los domicilios e inmuebles vinculados a los acusados. En esos procedimientos secuestraron casi 39 mil dólares, cheques por tres millones de pesos, cinco escopetas, más de 420 cartuchos, seis autos, cuatro camionetas, 42 celulares y más de un kilo de marihuana.

La investigación comenzó gracias a datos extraídos de un celular que el Servicio Penitenciario Federal había incautado en mayo de 2024 al hombre detenido en Ezeiza. Ahí encontraron conversaciones sobre envíos de drogas, y eso llevó a los fiscales a seguir los rastros de la acusada principal. Las escuchas telefónicas y los seguimientos mostraron que ella coordinaba toda la logística: traía mercadería desde el norte del país y Bolivia, fijaba precios y distribuía a revendedores.

A la acusada principal se le atribuye ser la coordinadora del grupo, encargada de organizar el abastecimiento, fijar precios, cobrar dinero y manejar la distribución mayorista. Sus tres hermanas tenían roles específicos: una auxiliaba en viajes a Salta y Bolivia para traer droga, otra custodiaba y vendía mercadería desde su casa además de hacer entregas a Junín, y la tercera gestionaba acopios de sustancias y movía dinero por cuentas virtuales.

También hay tres hombres imputados, dos de ellos hermanos entre sí. Los fiscales presentaron pruebas como fotos y actas de seguimiento que demostraban encuentros coordinados, no casuales: compartían vehículos, transportaban bultos, intercambiaban dinero y coordinaban entregas de manera sistemática.

El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó prisión preventiva por seis meses para cinco de los acusados, que es una medida cautelar que significa que quedan detenidos mientras avanza el juicio. A otros dos les otorgó libertad porque consideró que cumplían un rol menor dentro de la estructura.

La causa está en la etapa de imputación formalizada, que es cuando los fiscales presentan formalmente las acusaciones ante el juez. Los acusados pueden impugnar estas imputaciones, pero por ahora quedan con esas acusaciones mientras continúa la investigación. Lo que viene después es que la fiscalía debe seguir recolectando pruebas para llevar el caso a juicio oral ante un tribunal.