Un enfermero que trabajaba en el Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y medio de prisión por vender fentanilo y bromuro de vecuronio por redes sociales. Estas son sustancias que sacaba del hospital donde laburaba y que solo se usan en contextos médicos. Además de la cárcel, quedó inhabilitado por ese mismo tiempo para ejercer cargos públicos y para trabajar como enfermero.
La causa comenzó cuando el padre de un hombre que murió en agosto de 2023 denunció al enfermero. Su hijo, de 37 años, fue hallado muerto en su departamento después de inyectarse fentanilo y bromuro de vecuronio, sustancias que supuestamente le había vendido el ahora condenado. El padre llegó a la justicia federal con el celular de su hijo, videos y chats que probaban el vínculo entre ambos.
Los mensajes de WhatsApp fueron clave para meter al enfermero entre rejas. En los chats, el imputado le decía al chico que el bromuro de vecuronio era "dos veces más fuerte" que el fentanilo y que el fenta salía a 100 (interpretado como 100 mil pesos). En un audio que mandó minutos antes de que su cliente muriera, el enfermero le daba instrucciones de cómo inyectarse y le advertía: "te vas a pasar para el otro lado" si se pasaba con la dosis. El chico nunca respondió los mensajes posteriores: lo encontraron sin vida en su casa.
Cuando los investigadores allanaron su domicilio en Rosario en septiembre de 2025, secuestraron cuatro ampollas de fentanilo, 99 frascos de bromuro de vecuronio, jeringas, medicamentos y hasta una pistola calibre .22 sin registro. Todo el material de sustancias fue rastreado: provenía del hospital donde trabajaba. El enfermero llevaba desde 2016 en el área de Central de Materiales y Esterilización, aunque no tenía autorización para tocar medicamentos.
El acuerdo entre la fiscalía y la defensa se cerró rápido: el enfermero, Luis Emmanuel Benavidez, aceptó los hechos y reconoció los cargos. Fue condenado por comercio de estupefacientes (por el fentanilo), venta de medicamentos peligrosos disfrazando que eran drogas recreativas (por el bromuro de vecuronio), hurto de medicinas del hospital y tenencia ilegal de arma. El juez federal homologó el acuerdo el 4 de septiembre de 2026, es decir que la sentencia ya es firme y el condenado deberá cumplir la pena efectiva de prisión.
