Una partera de 88 años, conocida como "Dolly", está siendo investigada por cambiar datos en certificados de nacimiento y, supuestamente, separar bebés de sus madres biológicas para entregarlos a otras personas a cambio de dinero. La fiscalía la imputó por supresión y alteración de identidad de menores y falsedad de documentos. Hace poco la defensa pidió que el caso se prescriba (es decir, que pierda validez por el paso del tiempo), pero la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario acaba de rechazar ese planteo de forma unánime.
El primer caso que se conoce es el de una nena registrada en 1970 con datos falsos sobre sus padres. En el expediente también se investiga la situación de al menos otras siete personas nacidas entre 1968 y 1980, años en los que la acusada trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. Lo importante es que después de que esto se hizo público, más de 60 personas se acercaron a la fiscalía para consultar sobre sus propias identidades.
Los jueces explicaron que es prematuro (demasiado temprano) resolver si prescribe el delito porque todavía falta incorporar pruebas importantes. Además, señalaron que la investigación podría revelar hechos más graves: si los bebés fueron separados de sus madres sin consentimiento, podría configurarse el delito de sustracción de menores. Uno de los jueces destacó que las consecuencias de estos actos van contra el derecho de las víctimas a conocer su verdadera identidad.
La fiscalía tiene un año a partir de ahora para continuar recopilando evidencia y profundizar la investigación. Mientras tanto, la Unidad Fiscal Rosario habilitó un correo ([email protected]) para que personas que sospechen ser víctimas de estos hechos puedan comunicarse, denunciar o pedir asistencia. El equipo de atención a víctimas también ofrece acompañamiento psicosocial multidisciplinario a quienes se acerquen.
