Investigan a empresa portuaria por irregularidades con químico usado en narcotráfico

La Fiscalía de San Nicolás abrió una investigación formal contra Terminales y Servicios S.A. y su presidente por irregularidades en el manejo de carbonato de sodio, una sustancia controlada por la ley porque se usa en la producción de cocaína. La empresa habría transportado y almacenado más de 30 mil toneladas de este químico sin cumplir con los requisitos de registro y trazabilidad que exige el Estado. A pedido de los fiscales, el juez ordenó un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de la firma para garantizar que pueda pagar si resulta responsable.

Los imputados enfrentan cargos por infracción a la Ley de Narcotráfico, específicamente por falsear u omitir datos ante la autoridad de control. La empresa también está acusada bajo normas que aplican multas a las personas jurídicas que cometen delitos de este tipo. La formalización de la investigación significa que la causa avanza hacia la acusación; esto no implica condena, sino que hay indicios suficientes para continuar investigando.

El procedimiento comenzó en junio cuando la Gendarmería Nacional descubrió que la operación tenía múltiples irregularidades. Los vehículos y el depósito no estaban registrados en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), que es el organismo encargado de controlar estas sustancias. Además, los traslados se hicieron sin la documentación comercial requerida y con camiones de una empresa tercerizada que tampoco estaba registrada.

Entre los problemas encontrados está que 2.120 toneladas quedaron guardadas en un depósito que no tenía autorización, y se detectaron diferencias de stock: faltaban 20 toneladas en los registros aduaneros y otras 85 en los depósitos de la firma. También se encontró que 18 de los 31 camiones no tenían GPS activo, y en los otros hubo desvíos de ruta que no fueron informados. La empresa declaró la carga como fertilizante, lo que también fue considerado inconsistente.

El carbonato de sodio es un polvo blanco que legalmente se usa en la industria del vidrio, jabones y minería de litio. Pero la ley lo controla porque es esencial para neutralizar y purificar la pasta base en la fabricación de cocaína. Por eso cualquier movimiento de esta sustancia debe quedar registrado para evitar que termine en manos de narcotraficantes; si falta documentación o depósitos autorizados, se genera un "agujero negro" donde es imposible verificar el destino real del producto.

Después de detectados los incumplimientos, la empresa regularizó los registros ante el RENPRE, pero ya había incurrido en delito. En el ámbito administrativo, el organismo de control le impuso una multa de 504.688 pesos. Sin embargo, en el proceso penal la situación es más grave: la defensa pidió que se archivara todo por considerar que eran solo irregularidades administrativas, pero el juez Carlos Villafuerte Ruzo estuvo de acuerdo con la fiscalía y confirmó que los hechos constituyen delito según la ley de narcotráfico.

La investigación tiene un plazo de un año para desarrollarse. Durante ese tiempo, los fiscales deben reunir evidencia adicional, entrevistar a testigos y determinar si hubo intención delictiva o negligencia. Después, si hay suficientes pruebas, la causa puede pasar a juicio oral. El embargo de 100 millones de pesos se mantiene activo para asegurar que la empresa no traslade sus bienes mientras continúa el proceso.

La operatoria bajo investigación movió casi 4,8 millones de dólares en mercadería, de los cuales la empresa cobró aproximadamente 654 mil dólares por los servicios de descarga y almacenamiento. Estas cifras muestran la escala del negocio y por qué la falta de control es preocupante para las autoridades que combaten el narcotráfico.