La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra seis personas que participaron en un esquema para conseguir DNIs con datos de otras personas en San Juan. El juez Gustavo Hornos rechazó los reclamos de la defensa y avaló las penas que van desde un año y ocho meses hasta tres años y diez meses de prisión. Los condenados eran parte de una red que funcionaba desde la delegación del Registro Civil de Pocito.
El grupo intentaba hacer trámites para obtener documentos nacionales con identidades falsas, pero los controles del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectaron las irregularidades antes de que los DNI se emitieran. Aunque los documentos nunca llegaron a expedirse, el tribunal consideró que las conductas configuraban el delito de falsedad ideológica de documento público agravado en grado de tentativa, es decir, cuando alguien comienza a ejecutar un delito pero no lo completa. Los seis condenados son Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales y Carlos Fabián Prato.
Las defensas argumentaban que sus clientes desconocían lo que pasaría con sus datos biométricos y que simplemente fueron a hacer trámites personales. También sostenían que no había prueba de intención delictiva (lo que en términos legales se llama dolo) y que el sistema de controles era tan fuerte que los documentos nunca podrían haberse emitido. Sin embargo, Hornos encontró indicios concordantes de conocimiento: los comprobantes mostraban los nombres y números de DNI ajenos, las personas presentaban documentos vigentes, concurrían a una delegación lejana a sus domicilios y declaraban direcciones inexistentes.
La investigación destapó que la red logró obtener al menos cinco DNI apócrifos que después usaban para estafas, préstamos y compras fraudulentas. La titular de la oficina, Natalia Castillo, ya había sido condenada en mayo junto a otros integrantes por constituir una asociación ilícita, es decir, un grupo organizado para cometer delitos. En el caso de Analía Rosales, las comunicaciones con Rolando Navarro Saide, quien fue condenado como jefe de la organización, mencionaban demoras en la llegada de "los DNI" en plural y planes para obtener dinero mediante préstamos, lo que contradecía su versión.
Para Hornos, aunque el RENAPER frenó la consumación del delito con sus controles, eso no significaba que las maniobras fueran incapaces de funcionar. El juez consideró que en la misma investigación otras personas sí lograron emitir documentos por medio similar: catorce individuos intentaron usurpar catorce identidades y cinco lo consiguieron. Además, los peritos examinaban entre doscientos y seiscientos trámites diarios, etapas humanas susceptibles de errores.
Las penas confirmadas van desde un año y ocho meses de prisión condicional con multas de veinte mil pesos para José, Castro Cajal, Vargas y González, hasta dos años y dos meses para Rosales, también condicional pero con multa de veinticinco mil. Prato fue el único condenado a cumplir prisión efectiva: un año y diez meses. Como ya tenía una condena anterior en suspenso por infracción a la ley de estupefacientes, el tribunal revocó esa condicionalidad y unificó ambas penas en una única condena de tres años y diez meses. El fallo es definitivo porque pasó por la instancia de casación, que es la última apelación en casos federales.
