Un subprefecto de la Prefectura Naval está condenado a 15 años de cárcel. La Corte Suprema acaba de rechazar el recurso que presentó su defensa, así que la sentencia quedó firme. El caso había llegado a la máxima corte porque la defensa intentaba que se revocara la condena que un tribunal federal le había impuesto hace poco más de un año, en agosto de 2025.
El tipo había sido acusado de abusar sexualmente de una mujer que trabajaba bajo su mando en la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de Posadas. Los jueces probaron que entre 2021 y 2022 cometió siete ataques sexuales diferentes contra ella, algunos con acceso carnal, es decir violación. Además lo condenaron por abuso de autoridad y por falsificar documentos oficiales.
Lo grave es que todo esto pasó en el contexto de la relación jerárquica dentro de la Prefectura. El fiscal subrayó en el juicio que el acusado actuó aprovechando la estructura verticalista de la fuerza de seguridad, sometiendo a la víctima a un proceso sistemático de violencia laboral, psicológica y sexual. La mujer sufrió hostigamiento permanente después de rechazar sus invitaciones personales: cambios de guardia arbitrarios, insultos, evaluaciones negativas y sanciones desproporcionadas.
El tribunal encontró que todo comenzó cuando la víctima tuvo un accidente vial que le fracturó la muñeca. En lugar de darle la licencia médica que le correspondía, el acusado la obligó a trabajar en tareas administrativas. Cuando ella siguió rechazando sus propuestas personales, escaló la persecución. Para cubrir sus irregularidades, además ordenó falsificar documentos de la unidad.
La fiscalía presentó pruebas sólidas: mensajes de WhatsApp, testimonio de otra subordinada que también había sufrido acoso del mismo tipo, registros de los libros de guardia de la Prefectura, y lo más importante, la declaración de la víctima que se mantuvo firme. Cinco psicólogas evaluaron a la mujer y diagnosticaron estrés postraumático severo, lo que respaldó su relato sobre los abusos.
Como parte de la condena, además de los 15 años de prisión, el tribunal lo inhabilitó de forma perpetua para ocupar cargos públicos. También ordenó una indemnización por daños materiales y morales, y exigió que la Prefectura Naval revise administrativamente las sanciones que le había impuesto a la víctima durante todo este tiempo para restituirle sus derechos. Por otra parte, una vez que cumpla la sentencia, le van a extraer su perfil genético para registrarlo en el banco de datos nacional de casos de delitos sexuales.
La causa comenzó en octubre de 2022 cuando la víctima hizo la denuncia en la Fiscalía Federal de Posadas. Durante todo el proceso, tanto fiscales como especialistas en violencia de género acompañaron el caso desde la perspectiva de la violencia contra las mujeres. La víctima también recibió asistencia de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. El fallo del tribunal en agosto de 2025 fue ratificado en mayo pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, y ahora la Corte Suprema confirmó definitivamente que quedaba firme.
