En el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner, el fiscal Diego Velasco empezó a mostrar cómo funcionaba toda la operación. Resulta que Los Sauces S.A. era básicamente una empresa armada por la familia presidencial en Río Gallegos en 2006, pero sin que nada fuera lo que parecía. Néstor y Cristina pusieron la mayoría de la guita, Máximo entró con un 10% y lo designaron presidente. El escribano que hizo todo el trámite también está procesado en la causa, obvio.
La empresa estaba registrada para hacer de todo: inmuebles, comercio, hoteles, turismo, servicios. Pero acá viene lo turbio: la Fiscalía descubrió que durante toda la década que investigaron, la compañía no tenía empleados reales ni una sede donde se pueda ir. Todo era manejado por los Kirchner y gente de su círculo íntimo. Era como una empresa de fantasía montada solo en papeles.
Lo más sospechoso es que armaron todo de forma "espejada", según dice el fiscal. Básicamente, los órganos directivos siempre estuvieron en manos de la familia, sin que hubiera separación entre lo personal y lo empresarial. Máximo estuvo al frente hasta 2015 y todo funcionaba así, cerrado y controlado solo por ellos.
La Fiscalía cree que toda esta estructura sirvió para blanquear dinero de forma sistemática durante esos diez años. Una inmobiliaria sin gente, sin lugar físico, pero que movía suficiente como para meter presión. Eso es lo que investigan y lo que van a intentar probar en el juicio.
