En mayo pasado, la Prefectura Naval inspeccionó el Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI) de El Chaltén y encontró envases volcados con aceite y sustancias grasas en el piso, donde no había ninguna base impermeable que evite que se filtre todo hacia el terreno. Después de tomar muestras y analizarlas, confirmaron que había presencia de hidrocarburos y grasas en el suelo, lo que significa que la contaminación ya estaba llegando al río Fitz Roy y la reserva natural cercana.
El fiscal federal Julio Zárate pidió que se dictara una medida cautelar, que es una orden urgente que protege a las personas o al ambiente mientras se investiga. El 10 de septiembre pasado, después de que salieron los resultados de los análisis, la fiscalía presentó el caso ante la jueza Mariel Borruto del Juzgado Federal de Río Grande, quien aceptó el pedido.
La jueza prohibió por 90 días que el CARRI haga cualquier cosa que no sea su función básica: recopilar, seleccionar, compactar y trasladar residuos inorgánicos limpios y secos. Está completamente prohibido tirar residuos a la tierra, enterrarlos, incinerarlos, descargar aceites o cualquier cosa que suelte hidrocarburos en superficies sin protección. También se bloqueó el ingreso de residuos peligrosos y se frenó el lavado de camiones, cambio de aceites y cualquier tarea que libere grasas o combustibles.
Además, la municipalidad tiene 48 horas para acordonar y señalizar todas las zonas donde encontraron recipientes con combustibles y aceites, así como los lugares con derrames y los sectores cerca del río. Esos recipientes tienen que quedar bajo techo, en bases impermeables y con sistemas de contención para que nada se escape. En diez días máximo, tienen que empacar todos los aceites usados, combustibles y recipientes contaminados, etiquetarlos y entregarlos a empresas autorizadas para que los lleven, con toda la documentación correspondiente.
La fiscalía investiga si el CARRI violó la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos por la forma negligente en que mantenía los materiales contaminantes. La causa está en etapa de investigación, así que todavía no hay acusados ni sentencias: lo que hay son imputados siendo investigados por esta infracción ambiental. Mientras se sigue investigando, la medida de 90 días asegura que la municipalidad cumpla con controles ambientales para que el río no se contamine más.
