Pichetto y Massot presentaron una medida de emergencia en la Justicia para que se pause el artículo 154 del decreto 70/23 que le abrió la cancha a que los extranjeros compren tierras rurales sin restricciones. La idea es que mientras se pelea en el Congreso no se hagan más negocios de estos que después quedan blindados legalmente.
Todo esto pasó después de que la Corte Suprema le dio vuelta a un fallo que había dicho que el artículo era inconstitucional. Básicamente, la Corte permitió que el decreto siga adelante, lo que significa que la venta de tierras a extranjeros ahora es mucho más fácil que antes.
Los diputados se sumaron así a la estrategia de otros bloques de oposición que buscan echar todo el decreto 70/23 por la borda. La idea es que el Congreso se junte en sesión especial el 15 de octubre para discutir si lo derogan.
Lo que están haciendo es pelear en dos frentes al mismo tiempo: en la Justicia pidiendo que nada se mueva hasta que se resuelva todo, y en el Parlamento buscando votos para tumbar el decreto de raíz. La cautelar que presentaron busca exactamente que ninguna compra de tierra a extranjeros se haga durante este período, porque si se hace, después el Estado no puede echarla atrás porque quedaría como derecho adquirido.
