Dos choferes de camión van a enfrentar un juicio oral por intentar sacar del país 35 toneladas de acetato de etilo con papeles adulterados. Estos tipos fueron atrapados en marzo cuando querían cruzar la frontera a Bolivia por Aguas Blancas con la carga en dos camiones. El acetato de etilo es un químico que está en la lista de vigilancia especial porque se usa para refinar cocaína, así que no es joda.
La carga estaba valuada en más de 167 millones de pesos y había entrado a Argentina desde Uruguay. Lo raro es que los documentos decían que tenía que salir por Salvador Mazza, pero los choferes se fueron para Aguas Blancas. Cuando los detuvieron en el control, la Gendarmería encontró que la autorización de tránsito estaba falsificada: alguien había copiado el formato del sistema de documentos del gobierno y metió los números de los camiones ahí.
La Fiscalía dice que los acusados, identificados como J.C.N.G. y C.P.G. y ambos de nacionalidad boliviana, actuaron como coautores del delito de contrabando agravado en grado de tentativa. Esto significa que el fiscal cree que los dos trabajaron juntos para hacer esto, aunque finalmente no lograron sacar la sustancia del país. También los acusaron de meter precursores químicos a zona de frontera sin autorización.
Lo interesante es que en los celulares que les secuestraron encontraron mensajes donde hablaban de pagar sobornos a autoridades de control y donde uno le avisaba a un familiar que iban a salir por Aguas Blancas en lugar de por el paso autorizado. Eso fue prueba de que sabían lo que hacían y que no era un error de boludo.
La operación involucraba empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá. Transportaba 35.144 kilos de acetato de etilo en 191 tambores distribuidos en dos camiones Volvo que entraron a Argentina el 13 de marzo desde Fray Bentos, Uruguay.
Los abogados defensores pidieron que los absolvieran argumentando que los choferes no tenían intención criminal o que fue un error sin mala intención, pero el juez no les compró el cuento. El fiscal explicó que estos tipos tienen experiencia en transporte de químicos fiscalizados, así que no pueden alegar ignorancia, y que todas las irregularidades encontradas eran demasiadas para ser casualidad.
La audiencia de control de acusación ya se realizó hace poco ante el juez Guillermo Elías y quedó todo listo para que el caso avance a juicio oral. Eso significa que un tribunal colegiado va a debatir toda la prueba y decidir si los acusan formalmente. La Fiscalía está pidiendo 9 años y 2 meses de prisión para cada uno.
La investigación la llevan el fiscal federal Marcos Romero junto con la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y el investigador Francisco Mena desde la Sede Fiscal Descentralizada de Orán. Ahora queda esperar a que se fije la fecha del juicio oral donde van a presentar toda la prueba que juntaron.
