La Unidad Fiscal de Posadas formalizó la investigación contra dos hombres y una mujer que fueron detenidos el 24 de septiembre pasado acusados de transportar casi media tonelada de marihuana. La fiscal Silvina Flavia Gutiérrez les atribuyó a los tres la coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado porque participaron tres o más personas. Los imputados tienen 27, 35 y 27 años, aunque sus identidades aparecen con iniciales en el registro.
La historia arrancó cuando la Gendarmería Nacional realizó un control de rutina a un camión de transporte de encomiendas de la empresa Central Argentino que viajaba desde Posadas hacia Buenos Aires. Los agentes usaron un escáner móvil y un perro detector de narcóticos, ambos arrojaron indicios de presencia de estupefacientes en el semirremolque. Con autorización judicial, abrieron los precintos y encontraron 30 cajas de madera que contenían 584 paquetes envueltos en cinta ocre. El análisis confirmó que era marihuana: 489,615 kilogramos en total.
Lo que llamó la atención fue que la documentación pegada a los paquetes no coincidía con quién realmente estaba mandando eso ni quién lo iba a recibir. Eso, sumado a la cantidad de droga y la forma en que estaba embalada, llevó a la Fiscalía a sostener que se trataba de un operativo de tráfico de estupefacientes a gran escala. Además, en Puerto Rico (Misiones) realizaron procedimientos que permitieron secuestrar celulares, dispositivos electrónicos y otra documentación relacionada.
La jueza federal María Verónica Skanata ordenó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico para los tres imputados por un período inicial de 171 días. Esto significa que no pueden ir a la cárcel, pero están bajo vigilancia electrónica y confinados en sus casas. La Fiscalía pidió esa medida menos gravosa que el encarcelamiento porque consideró que era suficiente para asegurar que no escapen y no obstaculicen la investigación.
La investigación está en etapa inicial, así que hay mucho camino por recorrer. La jueza le dio a la Fiscalía un plazo de 90 días hábiles —hasta el 22 de marzo de 2027— para avanzar con las pruebas que faltan. Durante ese tiempo, la investigación preparatoria va a continuar y después se verá si hay suficientes elementos para elevar el caso a juicio, que es la siguiente etapa en este tipo de procesos.
