Básicamente el Gobierno decidió sacar más deuda pública para poder pagarle a los contratistas que hicieron obras públicas y que todavía están esperando su plata. La movida se formalizó esta semana mediante una resolución conjunta que salió publicada en el Boletín Oficial y que autoriza la emisión de títulos del Tesoro Nacional por un total de 221 mil millones de pesos.
Lo que está pasando es que hay un montón de empresas constructoras que tienen deudas pendientes por trabajos de infraestructura y transporte que hicieron hace años. El Gobierno armó un plan simplificado para liquidar toda esa deuda atrasada, así que las empresas tuvieron hasta mediados de agosto para anotarse y engancharse en la onda. Con esto se liquidan boludeces que vienen acumulándose desde enero de 2022 hasta fines del año pasado, como certificados de obra, materiales que compraron y ajustes de precios.
La guita va a salir de los presupuestos de la Secretaría de Transporte y de Obras Públicas, que son las que tienen más deudas pendientes por ahí. El Gobierno se las va a pagar pero con títulos públicos, no con efectivo directo.
Los contratistas van a recibir una canasta de tres títulos públicos diferentes que se pueden reinvertir en pesos. Cada título tiene su propio vencimiento y van a ser valuados según su precio técnico del día hábil anterior a cuando se entreguen.
