El Tribunal Oral Federal N°5 inició el 30 de septiembre el juicio contra ocho imputados: siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA (entre ellos Jorge Acosta, Alberto González, Jorge Radice, Juan Rolón, Juan Azic, Adolfo Donda Tigel y Ricardo Cavallo) y Eduardo Enrique Massera, abogado e hijo del excomandante en jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera. Se los acusa de haber integrado una asociación ilícita, es decir, una organización criminal que funcionó entre 1977 y 1981 para robar bienes de nueve personas secuestradas durante la dictadura militar.
La investigación muestra un plan bien coordinado para despojar a los secuestrados. Según la acusación, usaban documentación falsa, identidades truchas, tareas forzadas y operaciones inmobiliarias para ocultar cómo habían conseguido esos bienes. Los detenidos en la ESMA fueron obligados a trabajar sin paga en refacciones, contabilidad y negocios de inmuebles. También se conectaban con inmobiliarias y escribanías para hacer pasar todo como legal cuando en realidad todo era robado.
En la causa "Chacras de Coria", Jorge Acosta aparece como el organizador de la banda. Se investiga cómo se apropiaron de 25 hectáreas de terreno en Mendoza que pertenecían a la empresa Cerro Largo, cuyos accionistas habían sido secuestrados en la ESMA en enero de 1977. También robaron inmuebles en Buenos Aires y La Plata, dinero, un auto y hasta una biblioteca. Por si fuera poco, obligaban mediante intimidación a los secuestrados a entregar cosas: Acosta, Rolón, Radice y Cavallo forzaron a uno de los detenidos a darles diez caballos de carrera de pura sangre.
Hay otro aspecto grave: obligaban a otros prisioneros a falsificar documentos dentro de la ESMA usando un laboratorio de fotografía que funcionaba allí. Esos papeles truchos servían para que algunos represores asumieran identidades falsas en operaciones de venta y transferencia de propiedades. Cuatro de los detenidos que confeccionaban esos documentos murieron.
En la segunda causa, "Bienes Basterra", se acusa a Donda Tigel y Azic de haber obligado a la madre de un secuestrado a ceder un inmueble. Le hicieron firmar un poder especial irrevocable el 9 de septiembre de 1980 para transferir la propiedad a la asociación.
El juicio está en etapa inicial. En la primera audiencia se leyeron los acusaciones (lo que en jerga judicial se llama elevación a juicio, que es cuando el fiscal propone llevar la causa a juicio oral). La próxima sesión es el 14 de octubre a las 10 de la mañana, cuando continuarán leyendo acusaciones formales. Después los imputados podrán declarar si quieren, y luego vendrán los testimonios de otras personas que puedan aportar pruebas sobre estos hechos.
El tribunal está integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado como presidente. El fiscal Félix Crous, que maneja causas de violaciones a derechos humanos, lleva la acusación junto con su auxiliar Mariano Donzelli.
