El juez federal Gustavo Villanueva rechazó todos los pedidos que las defensas de 19 personas acusadas presentaron para frenar el caso de Sergio Ávalos, un estudiante de 18 años que desapareció la madrugada del 14 de junio de 2003 en el boliche "El Fuerte" en Neuquén. Con esta decisión, la causa avanza hacia la etapa de juicio oral, que es donde se presentan las pruebas y se decide si los acusados son culpables o no.
Las defensas argumentaban que el proceso se había tardado demasiado tiempo y que existían irregularidades, pidiendo que se declarara sobreseimiento (que es cuando se archiva la causa sin condena). También cuestionaban si la ley que tipifica la desaparición forzada de personas se podía aplicar a un hecho ocurrido antes de que esa ley existiera. El juez rechazó ambos planteos y explicó que en delitos que son permanentes, como este, el tiempo sigue corriendo mientras la víctima permanezca desaparecida.
Según la acusación fiscal, entre los 19 acusados hay seis militares, cinco policías y tres empleados civiles que trabajaban en la seguridad del boliche, además de personal de mantenimiento, limpieza y administración. La fiscal federal interina Luisina Tiscornia acusó a once de ellos como coautores de la desaparición forzada (es decir, que participaron directamente) y a ocho como partícipes necesarios (que colaboraron de alguna forma). El caso también señala que algunos trabajadores del lugar ocultaron información sobre lo sucedido para obstaculizar la investigación.
Ávalos era estudiante de Economía en la Universidad Nacional del Comahue y era de la localidad de Picún Leufú. La madrugada en que desapareció, entró al boliche con otros estudiantes y fue visto por última vez entre las 6:30 y las 7 de la mañana. Desde entonces, se desconoce completamente su paradero y ese es uno de los aspectos más graves de este caso: la víctima nunca fue encontrada.
Las defensas también atacaron la forma en que los fiscales presentaron las acusaciones, diciendo que no describían con claridad suficiente cuál era exactamente la participación de cada persona en los hechos. El juez desestimó este planteo porque consideró que los requerimientos de elevación a juicio (documento que marca el paso hacia el proceso oral) sí incluían datos personales, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y una explicación detallada de lo que se reprochaba a cada acusado según su participación.
El magistrado enfatizó que se trata de un caso de extrema gravedad porque la desaparición forzada viola múltiples derechos humanos fundamentales como la libertad personal y la integridad física. Explicó que la ley de desaparición forzada entró en vigor en 2011, pero en este caso eso no genera un problema legal porque el delito siguió ejecutándose después de esa fecha, es decir, mientras Ávalos permaneció desaparecido.
Ahora que el juez rechazó todos los planteos defensivos, la causa sigue adelante hacia la etapa de juicio oral y público. En esa instancia se presentará toda la prueba recopilada durante años de investigación y se escucharán los argumentos de la fiscalía, la querella y las defensas antes de que se dicte sentencia.
