Cinco empleados de un taller van a juicio por el accidente del avión sanitario que mató a cuatro personas

El fiscal federal de Río Grande pidió el 8 de octubre que cinco empleados del taller Air Delta enfrenten juicio oral por el accidente del avión sanitario Learjet 35A que ocurrió el 1º de julio de 2022. Los acusados son tres mecánicos, un inspector y un representante técnico de la empresa que hacía el mantenimiento de la aeronave. Ese día el avión se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Río Grande con destino a Buenos Aires, muriendo los dos pilotos, un médico y una enfermera.

La fiscalía acusa a los cinco de accidente aéreo culposo agravado, figura que prevé entre 1 y 5 años de cárcel. Según la acusación, los empleados cometieron negligencias graves en dos trabajos de mantenimiento realizados en febrero de 2020 y noviembre de 2021. En ambas ocasiones no colocaron unos clips de bloqueo (locking clips) que son elementos de seguridad importantísimos: evitan que los cables de los alerones (las superficies que controlan los giros del ala) se desenrosquen por las vibraciones durante el vuelo.

El perito ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro, que trabajó con especialistas de la Fuerza Aérea, confirmó que la ausencia de esos clips fue la causa del accidente. La falta de bloqueo permitió que los cables se desconectaran progresivamente durante el despegue, provocando que el avión perdiera control y se estrellara a unos 1.870 metros de la pista. El fiscal rechazó los argumentos de los acusados sobre supuesta falta de claridad en los manuales de mantenimiento, considerándolos improcedentes.

La responsabilidad de los cinco se analiza bajo la figura de "autoría concurrente", que aplica cuando diferentes personas cumplen funciones específicas y distintas pero sus fallos contribuyen a un mismo resultado. Cada uno tenía responsabilidades diferentes: los mecánicos debían ejecutar los trabajos correctamente, el inspector debía controlar que se hicieran bien, y el representante técnico del taller debía supervisar todo el proceso de mantenimiento.

Los cinco acusados ya fueron procesados sin prisión preventiva el 20 de noviembre de 2025, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones el 7 de julio de 2026. Procesamiento significa que un juez encontró pruebas suficientes para considerar que probablemente cometieron el delito, pero no es una condena. Ahora la causa va a juicio oral, donde presentarán sus pruebas y defensa ante un tribunal que decidirá si son culpables o no.