Amplían cargos contra exjefe de la agencia de discapacidad por presunta red de corrupción millonaria

La Justicia Federal profundizó en la investigación sobre una red de corrupción que habría funcionado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez Ariel Lijo amplió el procesamiento (es decir, avanzó formalmente contra los acusados en la causa) del exdirector Diego Spagnuolo, quien es investigado como supuesto jefe de una asociación ilícita, además de otros tres imputados clave y 19 personas más entre directivos de laboratorios, droguerías y ortopedias. El fiscal federal Franco Picardi lleva adelante la investigación desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

La supuesta maniobra no se habría limitado solo a compras de medicamentos, sino que se habría extendido a la adquisición de insumos de alto costo en varios rubros: amputaciones, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas de ruedas y traumatología. Según el juez, los imputados habrían coordinado cotizaciones, direccionado adjudicaciones (es decir, asignado contratos de forma irregular) y circulado fondos para beneficiar a empresas específicas. Todo esto supuestamente ocurrió entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Daniel María Garbellini, quien fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la ANDIS, y Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como intermediario entre funcionarios y empresarios, también vieron ampliados sus procesamientos. A los tres se les aumentaron los embargos hasta alcanzar 47 mil millones de pesos. Spagnuolo y Garbellini están acusados de ser jefes de la asociación ilícita y además de negociaciones incompatibles con su función pública y defraudación agravada. Calvete es investigado también por lavado de activos, es decir, por intentar darle apariencia legal al dinero obtenido de forma ilegal.

El esquema habría funcionado así: se reducía arbitrariamente el número de empresas que podían ofertar, se coordinaban los precios entre ellas, se adjudicaban contratos a proveedores elegidos de antemano con sobreprecios, y luego funcionarios y particulares canalizaban los fondos para distribuirse ganancias indebidas. Las compras estaban destinadas a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, muchos de ellos personas con discapacidad en situación vulnerable.

La magnitud económica de la maniobra es enorme: las compras investigadas en los seis rubros de insumos sumaron más de 82 mil millones de pesos. Hasta ahora, el juez calculó una diferencia de precios respecto a lo que debería haberse pagado de aproximadamente 7.800 millones de pesos entre medicamentos e insumos, pero advierte que esa es una cuantificación parcial que podría aumentar a medida que avance la investigación.

Lo más grave, según el magistrado, no es solo el impacto económico sino el sistemático funcionamiento de un mecanismo de corrupción estatal, donde funcionarios públicos actuaron coordinadamente con particulares fuera de los canales institucionales normales para obtener beneficios indebidos en perjuicio del Estado Nacional. Este es un tramo de la causa que se suma a un procesamiento anterior confirmado en septiembre de 2026, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ya había respaldado los cargos contra Spagnuolo como jefe de la asociación ilícita.