Atta Miguel Gerala, exintendente de la localidad salteña de Morillo, estaba absuelto pero eso terminó. La Cámara Federal de Casación Penal (un tribunal superior que revisa sentencias) decidió por mayoría que el tribunal de juicio se equivocó y que Gerala es penalmente responsable de robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas y de contrabando hacia Bolivia. Los jueces dijeron que la absolución fue arbitraria porque el tribunal original analizó la prueba de forma fragmentada, sin ver el cuadro completo.
El Ministerio Público Fiscal había cuestionado la sentencia original argumentando que el tribunal exigió un estándar probatorio muy alto e hizo falta considerar todos los indicios juntos. En casos de corrupción y delitos clandestinos, explicaron, no siempre hay prueba directa sino indicios que apuntan en la misma dirección: rieles encontrados en el domicilio de Gerala, herramientas de corte en un galpón de su propiedad, la camioneta de su hijo usada en los traslados, menciones en comunicaciones telefónicas.
El juez Javier Carbajo, que redactó el voto mayoritario, señaló que el análisis conjunto de las evidencias reconstruía un cuadro indiciario grave y coherente de la participación de Gerala como partícipe necesario. Aclaró que no se condenaba a Gerala solo por su cargo de funcionario público, sino por la evaluación integral de su influencia territorial y los distintos indicios vinculados con la operación. El juez Alejandro Slokar votó en disidencia y sostuvo que la prueba era insuficiente para condenar.
El caso que llegó a juicio en marzo y abril de 2026 involucraba un esquema donde rieles eran extraídos de parajes del chaco salteño, trasladados en camiones hasta Orán, acopiados y luego cruzados de forma ilegal a Bolivia por el río Bermejo. El hijo del exintendente, José Miguel "Yopi" Gerala, ya fue condenado a seis años en un acuerdo. El comerciante David Edilberto Medina, que participaba en la operación, también recibió seis años.
La investigación comenzó en agosto de 2023 tras una denuncia del Correo Argentino sobre envíos irregulares. En noviembre de 2024, Yopi Gerala y Medina fueron detenidos; el exintendente fue imputado y se le ordenó arresto domiciliario. También se investigó a integrantes de las fuerzas de seguridad: el policía Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, quien era jefe del Destacamento de Pluma de Pato, fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por cohecho pasivo, y esa condena fue confirmada por Casación.
Ahora el caso vuelve al Tribunal Oral Federal N°2 de Salta para una audiencia de determinación de pena, donde se fijará la sentencia concreta para el exintendente Gerala. La resolución de Casación revocó su absolución, lo que significa que pasó de estar libre a tener que recibir una condena por contrabando agravado en concurso real con robo agravado en despoblado y en banda.
