Todo arrancó en febrero de 2025 cuando la Gendarmería Nacional paró un vehículo en la Ruta Nacional 11 en Chaco y encontró 357 millones de pesos metidos adentro del tablero. Los billetes estaban en compartimientos especiales, lo que dejó claro que no era un transporte cualquiera sino algo planeado para evadir controles.
Los investigadores descubrieron que cuatro tipos coordinaban un sistema de intermediación financiera no autorizada, o sea, manejaban dinero sin permiso del Banco Central. Usaban una empresa llamada NEAPARTS S.A.S., que según los papeles vendía repuestos para autos y motos, pero era pura fachada. Compraban y vendían moneda extranjera, fijaban cotizaciones propias y movían pesos, dólares, reales y guaraníes desde una oficina clandestina en Resistencia.
La fiscalía probó que no era un viaje aislado: cada 48 horas hacían traslados entre Resistencia y Buenos Aires. Inclusive encontraron que en febrero anterior ya había habido un operativo similar en Concordia, así que cuando Gendarmería cambió las rutas, estos tipos empezaron a usar la Ruta 11. Todo indica que era una operación bien organizada y que venía hace tiempo.
En el acuerdo pleno se condenó a Pablo Mauricio Tascón, dueño de la empresa, a tres años de prisión efectiva. También respondía por un caso anterior de estupefacientes. Marcos Sebastián Ferrero, que tenía el 50 por ciento de la empresa, recibió un año de prisión pero en suspenso, o sea que no va a la cárcel si no comete otro delito. Fernando Emanuel Viñuela, que era el que manejaba el auto, también fue condenado a un año en suspenso. Y Christian Emmanuel Froy, que coordinaba la logística y supervisaba los viajes, recibió dos años de prisión por lavado de activos.
La empresa NEAPARTS también fue condenada por los delitos económicos. Los cuatro tipos más la empresa tienen que pagar multas de casi 178 millones de pesos cada uno, lo que suma más de 714 millones en total. Van a pagar en 24 cuotas mensuales y el monto se actualiza cada mes según la inflación oficial. Además, le secuestraron el auto, todo el dinero que encontraron y los equipos que usaban para meter la guita en la economía formal.
La fiscalía también decomisó máquinas para contar billetes, detectores de dinero falso, pagarés en distintas monedas y documentos de la empresa. En total, entre las multas y lo que le sacaron, sumaron más de mil millones de pesos. El juez federal Aldo Mario Alurralde fue quien dictó las condenas tras el acuerdo que presentaron los fiscales Roberto Salum y Juan Argibay Molina.
