Corrientes: le subieron las penas a ocho condenados por la red de corrupción que operaba desde el juzgado

En Corrientes acaba de cerrarse un capítulo importante de un caso de corrupción judicial que venía desde hace años. El Tribunal Oral Federal fijó nuevas penas para ocho condenados que habían integrado una red ilegal: funcionarios judiciales, abogados y un exintendente que coordinaban todo desde adentro del Juzgado Federal N°1 de la ciudad. La operación funcionaba así: le daban resoluciones favorables a narcotraficantes investigados a cambio de que les pagaran coimas, es decir, sobornos.

La decisión del tribunal llegó después de que en diciembre de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal (instancia superior que revisa las sentencias) agravara los cargos contra estos imputados. En el juicio original de 2023, el tribunal los había condenado por corrupción pero los absolvió del delito de asociación ilícita (cuando varias personas se organizan coordinadamente para cometer delitos). La Cámara de Casación consideró que sí formaban una asociación ilícita, lo que es más grave.

Las nuevas penas variaron bastante según el rol de cada uno. Los secretarios judiciales (empleados del juzgado) recibieron las condenas más altas: Pablo Molina quedó con 9 años y 6 meses, e inhabilitación especial perpetua, que significa que nunca más puede trabajar en la justicia; Federico Grau recibió 6 años y 6 meses en la misma situación. Los abogados involucrados recibieron penas entre 3 años y medio y 4 años y medio, mientras que Omar Serial y Juan Faraone (un exintendente) recibieron 2 años y 6 meses y 2 años respectivamente, pero suspendido (no van a prisión si cumplen otras condiciones).

Hay un nombre que sigue en el aire: el del exjuez federal Carlos Soto Dávila, quien dirigía el juzgado y aparentemente era el principal beneficiado por esta red. Su defensa presentó un planteo diciendo que tiene incapacidad sobreviniente (que dejó de ser capaz de entender lo que pasa en el juicio), así que el tribunal suspendió cualquier decisión sobre él hasta que se resuelva ese tema. El Ministerio Público Fiscal pidió que igual lo juzgaran, pero por ahora quedó pendiente.

El Ministerio Público Fiscal (los fiscales que llevan la acusación) había pedido penas aún más altas, de hasta 11 años. Durante la audiencia de cesura (donde se definen las penas concretas después del veredicto), participaron el fiscal general de Corrientes, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad y otros fiscales especializados.

La causa es compleja porque intervienen varios delitos al mismo tiempo: cohecho (soborno), prevaricato (cuando un juez viola las leyes a propósito), y la asociación ilícita que los conectaba a todos. Cada uno de los condenados recibió penas en concurso real, que significa que se suman los años por diferentes delitos cometidos en varias ocasiones.

Todavía falta un paso: el 10 de noviembre el tribunal va a leer los fundamentos de las penas, es decir, explicar en detalle por qué les impuso esos números. Después, con estas penas ya fijadas, la Cámara de Casación podrá resolver los recursos que presentaron las defensas (pedidos de revisión contra estas sentencias).