Redacción Central
Los acusados Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García fueron condenados el 22 de octubre después de que ambos reconocieron los hechos y aceptaron los términos que propuso la fiscalía. Esto significa que llegaron a un acuerdo pleno con la justicia, evitando un juicio completo. La sentencia fue dictada por la jueza Marta Liliana Snopek del Tribunal Oral Federal de Salta.
Todo arrancó el 16 de marzo cuando Gendarmería Nacional los controló en el paso internacional de Aguas Blancas con dos camiones que querían salir del país. Los vehículos transportaban 35.144 kilos de acetato de etilo en 191 tambores. Esta sustancia está en la lista de precursores químicos controlados, porque se usa en el proceso para refinar clorhidrato de cocaína. La carga venía de Uruguay y tenía como destino final Cochabamba, Bolivia, y fue valuada en más de 167 millones de pesos.
Lo grave fue que los documentos estaban adulterados. Los choferes presentaron un permiso de tránsito internacional falso, confeccionado con un formato del sistema electrónico de documentos, pero cuando los fiscales lo chequearon con el organismo de control descubrieron que no coincidía. Los dominios de los camiones nunca habían sido autorizados para esa operación, y además el recorrido que hicieron no era el que estaba aprobado: se suponía que tenían que salir por Salvador Mazza, pero aparecieron en Aguas Blancas.
Fueron procesados como coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documento adulterado, en grado de tentativa. Esto quiere decir que la ley los considera responsables de intentar hacer contrabando usando papeles falsos, pero no completaron el traslado ilegal porque fueron interceptados. Además, se les aplicó otro delito por ingresar precursores a una zona de frontera sin autorización.
Más allá de la cárcel, ambos recibieron inhabilitación absoluta durante toda la condena, no pueden ejercer cargos públicos ni ocupar ciertos puestos. Se les decomisó los teléfonos celulares que incautaron. En el caso de Puma García, también se confiscó el tractor del camión y el semirremolque que usaban para transportar.
La investigación detectó que detrás había una operación comercial más compleja que involucraba empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá. El acetato venía de una empresa uruguaya llamada Melinor S.A., pasaba por Cooperativa Tarija del Sur SRL, y la destinataria final teórica era Corporación Mathiesen S.A. en Bolivia. Pero cuando los fiscales cooperaron con Bolivia a través de organismos internacionales, descubrieron que los depósitos donde supuestamente guardaban la sustancia no estaban habilitados legalmente, lo que refuerza la sospecha de que querían desviar la droga para usarla ilegalmente.
