Gastón Salmain, que era juez federal en Rosario, acaba de quedar bajo arresto domiciliario. La orden llegó después de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera de su cargo, lo que significó que perdiera la inmunidad de arresto que tenían los jueces. Esto quiere decir que una vez que dejó de ser magistrado, ya no podía contar con esa protección especial para no ser detenido.
El exjuez está procesado, o sea, acusado formalmente en un juzgado, por varios delitos de corrupción. Los principales son asociación ilícita (trabajar en conjunto para cometer delitos), prevaricato (dictar sentencias injustas desde su cargo), cohecho (recibir dinero para hacer favores judiciales) e incumplimiento de los deberes como funcionario público. También lo acusan de abuso de autoridad.
La prisión preventiva (la medida que lo mantiene detenido mientras se resuelve el caso) tiene que cumplirse en su domicilio con un dispositivo electrónico de monitoreo, es decir, una pulsera que registra dónde está en todo momento. El juez Carlos Vera Barros ordenó que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) lo detuviera en su vivienda del barrio porteño de Belgrano y que el Ministerio de Seguridad Nacional controle su movimiento con la pulsera.
Según la acusación, Salmain habría cobrado coimas para permitir que un fideicomiso transfiriera 10 millones de dólares al exterior en una causa que pasaba por su juzgado. También se le atribuye haber usado su posición como juez para averiguar el estado de esa misma causa en la que él estaba siendo investigado.
El Consejo de la Magistratura lo destituyó por unanimidad, es decir que todos los miembros votaron a favor. El motivo fue que omitió informar en 33 concursos para cargos judiciales que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002. Eso significa que le habían sacado el cargo años atrás por intentar sobornar a una empleada judicial para manipular sorteos de expedientes.
La causa penal sigue adelante: hace dos semanas fue elevada a juicio oral y público, lo que quiere decir que pasó a la etapa donde se debate públicamente con pruebas. La Fiscalía de Rosario pidió una condena de dos años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo. Sin embargo, el tribunal del Consejo de la Magistratura desestimó los cargos sobre el presunto cobro de coimas en esa instancia, considerando que eso debe resolverse en el proceso penal.
