La PROCUVIN investigó cómo viven los detenidos con discapacidad en cárceles federales

La Procuraduría de Violencia Institucional, que depende del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, sacó su primer informe sobre cómo la están pasando las personas con discapacidad que están detenidas en cárceles federales. Entrevistaron a 27 hombres y una mujer alojados en siete complejos penitenciarios diferentes entre 2025 y 2026. El informe es exploratorio porque no existen estadísticas oficiales centralizadas sobre esta población, así que estudiaron una muestra pequeña pero significativa.

De los 28 detenidos entrevistados, la mayoría tenía discapacidad motora (12 personas), visual (9) o auditiva (6). Uno tenía discapacidad visual y auditiva combinada. Lo importante es que 23 de ellas ya tenían la discapacidad antes de entrar preso, mientras que 4 la adquirieron durante el encarcelamiento. La edad promedio era de 45 años, con un rango entre 25 y 74.

Uno de los problemas más críticos fue que solo 8 de las 28 personas tenían un Certificado Único de Discapacidad (CUD), ese documento que necesitás para acceder a audífonos, prótesis, pensiones y otros beneficios. Sin ese certificado, 20 personas quedaban afuera de recursos que las ayudarían. Además, cuando ingresaban al sistema penitenciario, 10 de ellas nunca fueron evaluadas médicamente, y de las que necesitaban tratamientos específicos, solo 3 los recibían. Los controles médicos periódicos casi no existían tampoco.

La atención médica especializada directamente no estaba disponible: falta de profesionales y problemas para trasladar a los detenidos a hospitales externos. Otro drama era la falta de equipamiento auxiliar como bastones, andadores, muletas y audífonos. De las 8 personas que necesitaban ayuda técnica, ninguna la tenía.

Las cárceles no estaban adaptadas para personas con discapacidad motora. Desde las celdas hasta los sanitarios, las duchas, los espacios de recreación, trabajo y estudio, había barreras arquitectónicas que les impedían desplazarse libremente.

Respecto a educación, solo 15 de las 28 personas podían participar en actividades educativas, pero en contextos que no respetaban sus necesidades: sin ayudas técnicas para quienes tenían discapacidad visual o auditiva, espacios no adaptados y sin poder contar con apoyo del personal penitenciario o compañeros cuando lo necesitaban. El trabajo fue aún más complicado: solo 3 personas tenían alguna actividad laboral. Las demás pidieron empleo pero dijeron que no había puestos disponibles o creían que su discapacidad las descalificaba. Este problema es grave porque según la ley de ejecución penal, trabajar es importante para acceder a beneficios como progresividad de pena o salidas anticipadas.

Sobre alternativas a la detención, 9 de las 24 personas que respondieron habían solicitado prisión domiciliaria, pero sus pedidos estaban en trámite, habían sido rechazados o no tenían noticias después de mucho tiempo. La Corte Suprema emitió una acordada hace poco que ordena evaluar mejor el estado de salud de los detenidos para resolver estos pedidos, reconociendo que la cárcel puede ser un trato indigno, inhumano o cruel para personas con discapacidad.

La PROCUVIN aclaró que este es un relevamiento exploratorio con una muestra pequeña y que la investigación continuará durante 2027 para incluir otros tipos de discapacidad como las condiciones orgánicas, intelectuales y mentales que quedaron fuera esta vez.