Redacción Central
Ayer se formalizó la devolución de la Planta I del astillero Tandanor al Estado. El tribunal ordenó que el predio, ubicado en la zona norte de Buenos Aires, dejara de estar a nombre de la empresa Puerto Retiro S.A. y volviera a manos de Tandanor, que es la empresa estatal propietaria original. Todo esto se concretó después de que en 2018 condenaran a dos empresarios y un exfuncionario por haber metido la mano en la licitación de esta propiedad.
La historia arranca en 1991 cuando Tandanor fue privatizada. La cosa quedó hecha un quilombo: el fiscal federal Carlos Stornelli investigó y encontró que en realidad había habido administración fraudulenta, es decir, que se manejaron los fondos de forma deshonesta con intención de perjudicar al Estado. El daño que causaron: más de 52 millones de dólares desaparecidos de las arcas públicas.
En septiembre de 2018, el tribunal condenó a Eduardo Tesoriere (exfuncionario del Ministerio de Defensa) y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Juan Andrés Vlastó a tres años de prisión en suspenso (eso significa que no van a la cárcel a menos que cometan otro delito). Los jueces probaron que la licitación estuvo viciada: cambiaron las reglas de juego en favor de estos tipos, manipularon los montos y los plazos de pago, todo para que ganaran ellos.
La causa fue larga y complicada. El fiscal Diego Luciani pidió que decomisaran (confiscaran) la Planta I y la devolvieran al Estado. En 2018 el tribunal estuvo de acuerdo, pero después hubo recursos y apelaciones. En 2024, la Corte Suprema devolvió el caso al tribunal diciendo que había que revisar bien quién tenía derecho a la propiedad. Luciani entonces emitió un dictamen claro: la Planta I tiene que ser de Tandanor porque es a quien le fue robada con esta estafa.
El fiscal fundamentó que no podía dejar que el predio seguía en manos de una empresa creada específicamente para llevar adelante la defraudación. Además, aclaró que aunque el Estado sea dueño de Tandanor, eso no significa que Tandanor sea lo mismo que el Estado Nacional: son personas jurídicas distintas. Por lo tanto, lo que le fue sacado a Tandanor tiene que volver a Tandanor.
El 21 de agosto pasado, los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grunberg y Daniel Obligado fallaron a favor. Confirmaron que el decomiso es una cuestión penal (de derecho criminal) que busca que el delito no deje ganancias, algo diferente a un juicio civil por daños. Los jueces fueron contundentes: la adquisición que hizo Puerto Retiro S.A. del predio "carece de causa lícita" (no tiene justificación legal) y los actos que la generaron "son nulos de nulidad absoluta", así que la Planta I debía volver a quien era su dueño antes del fraude: Tandanor.
Con esta restitución finaliza una etapa importante de la causa. El predio ya está inscripto a nombre de Tandanor en el Registro de la Propiedad. Aunque quedan pendientes otras acciones civiles por los daños ocasionados, lo cierto es que el Estado recuperó una propiedad valuosa que había sido vaciada mediante una maniobra fraudulenta que duró años.
