Redacción Central
Lázaro Báez, empresario actualmente preso en la cárcel de Ezeiza con una condena de 15 años, fue imputado por lavado de activos (que significa ocultar el origen ilegal del dinero para que parezca legal) junto a otras 15 personas. Según la acusación de los fiscales federales, desde su celda Báez seguía dando órdenes para mover bienes y dinero a través de un grupo cercano. Lo grave es que usaba a personas vinculadas con un grupo narco para hacer circular esos fondos, conectando así dos investigaciones diferentes.
Los fiscales identificaron una estructura de "El Clan", como lo escribió el propio Báez en un papel encontrado en su celda. El grupo incluía a su pareja, hermanos, contadores y operadores territoriales que se encargaban de mantener rentables sus propiedades (estancias, edificios y empresas) aunque la ley le prohibía administrarlas. Se calcula que movieron alrededor de 390 millones de pesos provenientes de bienes que deberían haber sido decomisados.
Todo salió a la luz después de que Aerolíneas Argentinas alertó a los investigadores sobre tres personas del entorno de Báez que intentaban viajar a Buenos Aires con cuatro valijas grandes. Cuando la Prefectura Naval las interceptó en el aeropuerto el 9 de noviembre, encontraron pasaporte de Báez, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, celulares y documentos contables. Después de esto, los fiscales realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Cruz y en la celda del empresario en Ezeiza.
La segunda investigación que está conectada implica a nueve personas de una organización narcocriminal que traficaba cocaína. Uno de los acusados en el caso de Báez, identificado como C.S.I, aparece como el jefe territorial de este grupo narco. Los fiscales dicen que la banda movía alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025 y "reciclaba" las ganancias del delito mediante cuentas de terceros y la compra de vehículos de lujo.
El juez federal Claudio Marcelo Vázquez ordenó prisión preventiva para Báez, su pareja, C.S.I y otros cuatro acusados en el caso del lavado de activos. También mandó encarcelar a los cuatro principales cabecillas de la organización narco. A otras personas les impuso arrestos domiciliarios (confinamiento en casa) como medidas de control. El juez fijó un plazo de dos años para que avance la investigación, lo que significa que los fiscales tienen ese tiempo para reunir pruebas antes de decidir si elevan la causa a juicio.
En las escuchas telefónicas que registraron los investigadores, Báez se refería a sí mismo como "el dueño de la historia" y sus operadores lo llamaban "el Tío". En una conversación desde la cárcel, daba instrucciones sobre qué personas debían administrar sus campos y cómo debían hacerlo. Los fiscales presentaron como evidencia estas grabaciones, documentos encontrados, análisis bancarios y vigilancias que muestran que la operación funcionaba en tiempo real mientras Báez estaba privado de libertad.
