El Gobierno recurre una vez más a una estrategia que le dio resultado en el inicio de su gestión: el mejor método para ocultar a un elefante en la 9 de Julio es camuflarlo en una manada de elefantes a su lado para que nadie sepa cuál es cuál. 

Esconder medidas polémicas en medio de proyectos de ley o decretos loables fue una táctica que se usó con la Ley Bases o el DNU 70/2023: con la excusa de ordenar un poco el Estado se incluyeron reformas muy profundas, que hubieran tenido poco consenso social: en parte, estrategia para avanzar más rápido; en parte, bomba de humo para que la discusión se centrara en esos asuntos y no en lo que el Gobierno necesitara que saliera sí o sí.

Así, se fueron descartando aspectos de las propuestas originales: los jueces no usan toga, no cambió la manera de votar, no hubo superpoderes 4 años, no se privatizaron todas las empresas… pero la Ley Bases se aprobó. 

Ahora se vuelve a empezar. Aunque el escenario es otro.

El martes se presentó el Presupuesto 2027. En su mayoría es un presupuesto similar al que presentó durante los tres años anteriores: mantiene equilibrio fiscal, aumenta un poco la recaudación y un poco el gasto (producto del crecimiento económico que prevé) y deja a los servicios sociales aumentando a la par de la inflación sin recuperar nada de lo que vienen perdiendo en los últimos años, incluyendo el final de la gestión de Alberto.

Pero agrega algunos artículos que amenazan con frustrar todas las negociaciones con los aliados.

• Desindexación de la Asignación Universal por Hijo. Hoy la ley obliga a que aumente a la par de la inflación para que no pierda poder de compra. Si se aprueba la ley, los aumentos quedarían sujetos a un decreto de Milei.

• Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión por discapacidad. El Ejecutivo define los nuevos requisitos. 

• Se establece la incompatibilidad total de recibir la asignación si la persona trabaja (lo que la obliga a optar entre trabajar en blanco y recibir una asignación que no te salva).

• Cambios en las prestaciones por discapacidad. Hoy una persona con certificado de discapacidad puede elegir libremente a los profesionales que la atiendan, presenta una factura y el Estado -a través de su obra social o prepaga- devuelve un importe fijado por un nomenclador. La idea del Gobierno es “devolver la libertad” y que cada prepaga se haga cargo.

Vamos a poner foco acá un minuto. Delegar ese pago en las prepagas u obras sociales implica automáticamente que van a entrar en el régimen general de prestaciones, negociando en masa con los profesionales y bajándoles radicalmente los honorarios: “eficientizar el sistema”. En la práctica, lo que va a terminar pasando es que los profesionales van a dejar de atender a los pacientes con discapacidad y que los beneficiarios que puedan pagarán particular y el resto no. Fin del sistema.

Es lo que el diputado Juan Marino denominó en el debate en Diputados como “Eutanasia social”; al que no puede pagar, se lo deja morir de a poco. 

“Al desregular eso, ¿sabés lo que va a pasar? Vamos a tener que ir viendo tipo paritaria, arreglar qué les pagan a los terapeutas y qué terapeutas nos aceptan o no”, dijo la actriz Valentina Bassi en una nota con Radio con Vos. Es mamá de un chico discapacitado.

El tema generó un sismo en el oficialismo que paralelamente venía negociando en Diputados una nueva ley que prorrogue la emergencia en discapacidad (que técnicamente vence en diciembre de este año). La oposición tiene los votos para generarle una derrota al Gobierno. 

Por eso en el oficialismo buscaban acordar con los aliados para suavizar la discusión y aprobar una ley que no desgaste tanto. Este proyecto fue una bomba atómica que dinamitó las negociaciones. 

Al punto de que Patricia Bullrich salió a plantear públicamente sus disidencias: “Me toman por tonta”, se quejó. En la mesa política del Gobierno no le habían avisado que el Presupuesto llegaría con esos cambios.

La ley de Soberanía Nacional

Esta semana se presentó también el proyecto de defensa de la soberanía nacional, o, coloquialmente, “ley Malvinas”.

El corazón de esa propuesta es prohibir que operen en la Argentina empresas que extraigan recursos naturales de Malvinas sin permiso.

Pero adentro de la ley se colaron otras cuestiones que nada tienen que ver con la causa Malvinas:

• Crea un “Consejo de Seguridad Nacional” que es monopolizado por el Ejecutivo.

• Autoriza al Ejecutivo a disponer derribos de aviones sospechosos o hundimientos de barcos.

• Da amplias facultades a ese Consejo (es decir, al Gobierno) para determinar que una persona u organización está atentando “contra la seguridad nacional”, lo que implica sanciones económicas o hasta penales.

• Habilita a las Fuerzas Armadas a operar en acciones de seguridad interior, siempre que ese consejo considere que se está afectando la seguridad nacional.

Hay más, pero se haría muy largo. "Intenta concentrar el poder en materia de seguridad pública, desdibujar el rol del Congreso e instalar un estado generalizado de sospecha sobre organizaciones y partidos políticos que habilita la persecución", advierte el diputado socialista Esteban Paulón. 

Ruidos y más ruidos

Todo esto mete ruido en un Congreso que ya viene muy desgastado. Especialmente dificulta la posibilidad de generar acuerdos con los aliados en un momento económicamente complejo y en que la estimación pública del Gobierno viene en baja. 

La prioridad en ese sentido para el Gobierno debería ser la eliminación de las PASO, que es lo que le daría oxígeno para intentar la reelección de Milei y para garantizar la gobernabilidad en la última parte del mandato; si hay olor a fin de ciclo, las expectativas económicas van a tirar para abajo. 

La última encuesta de la Universidad de San Andrés establece que apenas un 35% de la gente aprueba el Gobierno de Milei y el 61% lo desaprueba. Los índices son similares a los que tenía Macri a esta altura de la gestión. La diferencia es que el Gobierno de Cambiemos había sufrido 3 devaluaciones en 6 meses y transitaba la peor crisis de su mandato. 

La misma encuesta arroja otro dato preocupante: en el último mes la aprobación cayó casi 15 puntos entre los que votaron a Bullrich en 2023. El Gobierno está perdiendo apoyo fundamentalmente entre sus votantes críticos. También muestra a Bullrich como la dirigente con mejor imagen positiva del país.

La economía sigue mostrando signos complicados. Cayó 0,6% respecto al trimestre anterior, según datos que publicó esta semana el INDEC. 

Respecto al año pasado sigue arriba, pero desacelerando. No solo el consumo está resentido; la inversión cayó 11% interanual.  

La desocupación crece poco, pero crece. Es un fenómeno que hoy tiene subregistro: es muy fácil hacer cualquier actividad independiente y quedar en la categoría de “ocupado”.

El empleo privado formal tiene 13 meses consecutivos de caída. En junio se perdieron 6.261 puestos y respecto a junio de 2025 hay 141.324 trabajadores registrados menos.

 La única luz al final del túnel para el Gobierno es una encuesta que se conoció esta semana. Es el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que todos los meses elabora la Universidad Di Tella y que subió 2,4% en agosto; ese crecimiento se da fundamentalmente en sectores de ingresos bajos. ¿Puede ser un primer anticipo de un cambio de tendencia?