El Tribunal Oral Federal de Salta empezó este martes a juzgar a 12 imputados (esto significa que están acusados pero aún no tienen sentencia) por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando. Según la fiscalía, montaron todo un sistema ilegal para pasar mercadería de Bolivia hacia Argentina a través del río Bermejo. Los acusados son: José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Viriginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.
La fiscalía también tiene otros tres imputados detenidos después (lo que se llama elevación a juicio: cuando reúnen pruebas suficientes y mandan el caso a tribunal). Entre ellos está quien sería el jefe de la organización, detenido el 8 de agosto pasado en Bolivia.
Los investigadores descubrieron que los acusados compraron una finca cerca de Aguas Blancas, a dos kilómetros de la ruta nacional 50, que terminaba en el río Bermejo. Ahí armaron lo que el fiscal Marcos Romero llamó una "Aduana paralela": cobraban una tarifa por cada vehículo y por cada bulto de mercadería que entraba, y hasta ofrecían seguridad, puestos de comida y gomones de carga. Entre julio y agosto de 2025, movieron aproximadamente 300 vehículos por día con ingresos de casi 3 millones de pesos diarios, solo de esa actividad ilegal.
La fiscalía calculó que el movimiento económico total por mercadería de contrabando fue de casi 3 mil millones de pesos. Para reunir todas las pruebas, los investigadores de Gendarmería Nacional realizaron vigilancias, intervenciones telefónicas y utilizaron a un "agente revelador" (un informante clave) que confirmó la operación ilegal de la red.
El allanamiento del 4 de agosto pasado fue lo que detuvo todo. La policía detuvo a 11 de los imputados ese día, incautó pruebas y clausuró la propiedad. Ahora comienza el juicio donde la defensa ya presentó sus argumentos. El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, suspendió las audiencias hasta el próximo martes 29 de septiembre para continuar con el debate.
