Redacción Central
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta cerró el caso con sentencias que van de 3 a 7 años de cárcel. Todo pasó el 14 de septiembre de 2024 cuando Gendarmería Nacional paró dos Renault Logan en la ruta 68, cerca de Cafayate. En el segundo auto encontraron más de 23 kilos de marihuana, suficiente para hacer alrededor de 55 mil dosis. La droga iba hacia Tucumán.
El operativo funcionaba así: un auto iba adelante marcando el camino (el "coche puntero") y otro los seguía con la mercadería. Los dos vehículos tenían radios para comunicarse y circulaban coordinados, lo que levantó las sospechas de los gendarmes. Cuando revisaron el baúl del segundo auto, boom, encontraron los paquetes de marihuana.
Alejo Ricardo Silva se llevó la condena más pesada: 7 años de prisión. Era quien lideraba la organización y hasta empeñó un auto propio para conseguir la pasta de la marihuana. Emilio Alejandro Tapia recibió 6 años y 6 meses. Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez (ella bajo arresto domiciliario) también fueron condenados a 6 años cada uno. Luis Benjamín Vicente, que participó de forma secundaria, se llevó 3 años de ejecución condicional, lo que significa que no va directo a la cárcel si no comete otro delito.
En el operativo de septiembre, Silva intentó escapar internándose en un monte pero fue prófugo durante once meses, hasta que lo detuvieron en agosto de 2025 cuando volvía de Brasil. Enzo Javier Gutiérrez, que conducía el auto con la droga, ya había sido condenado antes en abril de 2025 a 4 años bajo arresto domiciliario. Con él, ya son seis personas condenadas por este caso.
La fiscalía probó que todos vivían en el barrio Santa Ana de Salta y que la organización estaba conectando con otras bandas narcocriminales de la región. Durante el juicio (que duró de julio a septiembre), quedó claro que cada uno tenía un rol: Gutiérrez y Tapia facilitaron los autos, Di Bez y Cancino ayudaron a planificar, y Vicente tuvo una participación más chica. Las defensas dijeron que sus clientes no sabían nada de la marihuana, pero el tribunal no les creyó.
Uno de los acusados pidió reducción de pena por colaborar con información sobre narcotraficantes del barrio, pero el tribunal rechazó el pedido. Dijeron que la información tenía que ser concreta y verificable, no solo chismes del barrio. El tribunal aclaró que "no alcanza con declaraciones vagas, genéricas o de público conocimiento". La información tenía que individualizarse con hechos, lugares y personas específicas que la investigación no conocía.
El fiscal Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual pidieron condenas aún más altas, pero el tribunal se fue por estas. También pidieron que decomisen el auto "coche puntero" de Tapia, que pertenecía a su madre. Fue aprobado.
