La Justicia le dio la razón a un preso que pedía trabajo remunerado

Un tribunal de casación anuló una sentencia que había rechazado el reclamo de un detenido por falta de acceso a un empleo pago en la cárcel, porque los jueces no hicieron una audiencia que estaba obligada por ley.
Judicial17 de noviembre de 2026Redacción CentralRedacción Central
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Un preso del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz pidió ayuda a la Justicia porque no le daban un trabajo remunerado dentro de la cárcel, algo que necesitaba para mantener económicamente a su madre. El 12 de agosto presentó un habeas corpus, que es un recurso legal para reclamar cuando alguien considera que sus derechos están siendo violados estando detenido.

El juez de primera instancia rechazó el reclamo en agosto pasado. Consideró que el preso ya había presentado su demanda y estaba en lista de espera conforme a los nuevos criterios de asignación de trabajos. También dijo que no había prueba de que sus condiciones de detención hubieran empeorado y que el juzgado de ejecución era el que debía resolver eso. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó esa decisión poco después.

La defensa del interno presentó un recurso de casación, que es un proceso para que un tribunal superior revise si se aplicó correctamente la ley. Argumentaron que hubo un agravamiento injustificado de sus condiciones de detención y que se violaron sus derechos a la dignidad y al trabajo. Además, señalaron que los jueces no habían hecho la audiencia oral que exige la ley del habeas corpus en su artículo 14, lo que le impidió al preso refutar los informes que presentó el Servicio Penitenciario Federal.

El fiscal general Javier De Luca opinó que los jueces no pueden rechazar un habeas corpus sin celebrar esa audiencia obligatoria. Consideró que hubo una violación al debido proceso y pidió que se anulara la sentencia para hacer las cosas correctamente y que la defensa pudiera presentar su posición.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón por mayoría. Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky votaron por anular la sentencia anterior. Hornos destacó que faltó la audiencia requerida y que se afectaron los derechos del preso a ser escuchado y a rebatir lo que dijeron las autoridades penitenciarias. Borinsky agregó que además el fiscal general había opinado igual que la defensa, así que no había una verdadera controversia legal.

El juez Javier Carbajo fue el único en desacuerdo. Votó para mantener las sentencias anteriores porque consideró que estaban bien fundamentadas y que el preso no probó que sus condiciones se hubieran empeorado de forma ilegítima.

Ahora el caso vuelve al Juzgado Federal de Morón para que se haga correctamente: primero la audiencia oral del artículo 14 donde el preso y su defensa puedan hablar, y después se dicte una nueva sentencia con toda la información.

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